FADEEAC denunció la instalación de un “peaje ilegal” en Ramallo, a través de una nota administrativa ante la Secretaría de Transporte de la Nación.
La entidad solicitó una medida cautelar urgente con el fin de frenar un esquema tributario ilegal, determinado por el municipio de Ramallo (Buenos Aires).
Así, se exigen pagos de $37.000 (pesaje) y $25.000 por vehículo en un tramo de 5 km y, además, una tasa del 2% al combustible.
Lo antedicho surge de la Licitación Pública 3/25, por la cual el Municipio adjudicó a la empresa Plus Byte la instalación de dos pórticos tecnológicos.
Los mismo se ubican en el ex Camino Provincial Ruta 87 (Acceso Sánchez), sobre un tramo clave de 5,1 kilómetros.
Dicho tramo une la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás.
Estos cobros se establecen por cada pesaje dinámico y por el ingreso a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico (TAG).
Este esquema representa un costo por kilómetro 120% más caro que el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo.
El mismo se suma a la tasa del 2% sobre cada litro de combustible que la comuna cobra en las estaciones de servicio locales desde enero.
“No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento”, señaló Cristian Sanz, presidente de FADEEAC.
“Si este modelo se replica en otros municipios, se absorbe el margen operativo de las empresas de transporte y se fragmenta el comercio interior”, prosiguió.
“Así se encarecen las exportaciones y se afecta directamente la competitividad del país”, concluyó Sanz.
Precedente peligroso
FADEEAC fundamentó que la medida configura una doble imposición tributaria e inconstitucional que viola la Ley de Coparticipación Federal (Ley 23.548).
También, se infringe la Ley Nacional de combustibles (Ley 23.966) al no existir una contraprestación directa de servicio ni una afectación específica de los fondos.
Estos, ingresan en un 100% a las arcas municipales y se reparten en un 50% con el concesionario privado.
Según los Pliegos de Bases y Condiciones, la concesión otorgada por 20 años obliga al privado al mantenimiento del tramo, bacheo, luminarias y demarcación.
Sin embargo, la recaudación proyectada supera de manera desproporcionada cualquier costo de conservación vial.
La ubicación de este puesto de control ahoga el único corredor para el tránsito pesado hacia complejos industriales estratégicos y el Puerto de San Nicolás.
Según estimaciones de las firmas afectadas, el costo anual del gravamen se ubicaría entre los $100 y $500 millones por empresa.
Estas impactantes cifras absorben directamente sus márgenes operativos y pone en riesgo la continuidad de las operaciones logísticas en la región.
A esto se suma el temor por la aplicación de esquemas sancionatorios arbitrarios, como multas o decomiso de mercadería a las unidades que no adhieran al sistema.
