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Negociación libre de tarifas

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En el marco de la anunciada desregularización, el Gobierno Nacional resolvió la negociación libre de tarifas para el transporte automotor de granos.  

Con esta resolución, se elimina el esquema de tarifas orientativas y abre un escenario de acuerdos directos entre productores, cerealeras y transportistas.

La derogación de las tarifas de referencia para el transporte de cereales y oleaginosas, llega con la Resolución 48/2025 (ver), publicada en el Boletín Oficial.

Con esta resolución, y a partir de ahora, el Estado solo intervendrá ante denuncias puntuales por conductas anticompetitivas y con pruebas acreditadas.

De tal forma, los precios de los fletes quedarán sujetos a la negociación libre entre las partes, eliminando el esquema de mesas de acuerdo público/privado.

Hasta la actualidad existía la llamada “Mesa de Negociación Participativa”, integrada por cámaras empresariales de transportistas, entidades agrarias y organismos estatales.

A partir de informes de costos, se definía periódicamente una tarifa orientativa que servía como parámetro de mercado y principio de acuerdo entre las partes.

Si bien los valores no eran de carácter obligatorio, la tarifa consensuada en esta “mesa participativa” servía para conformar a los diferentes actores.

En ese esquema, la FADEEAC, la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETyL) y la Sociedad Rural Argentina abogaron por el libre mercado.

Vale destacar que buena parte del autotransporte de granos se realiza a través de “centros de transportistas”, pequeños flotilleros y autónomos.

Del lado de los productores, la eliminación del marco tarifario abre la posibilidad de acuerdos flexibles, pero también de mayor dispersión de valores entre regiones.

En tanto, los pequeños transportistas podrían enfrentar mayor presión en las discusiones y en este nuevo marco de negociación libre.

Según la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas, era necesario “eliminar barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de la libertad económica”.