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CATAC fue intervenida por la justicia argentina

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CATAC fue intervenida judicialmente por la justicia argentina. Dicha medida fue anunciada recientemente y tiene validez por el término de 180 días hábiles.

En tal sentido, el Ministerio de Justicia dispuso el desplazamiento de sus autoridades, con la finalidad de “revisar la situación institucional, económica, financiera y patrimonial”.

La resolución sostiene que la organización atraviesa un cuadro de “riesgo institucional y patrimonial”, en un contexto marcado por el incumplimiento en la presentación de balances.

También se advirtió un desequilibrio financiero detectado durante una intervención anterior y la falta de medidas de saneamiento acreditadas por la actual conducción.

La entidad transportista había sido intervenida en diciembre de 2024 y un año después se realizaron nuevos comicios, en los cuales resultó reelegido Ramón Jatip.

En aquella intervención, se realizó un relevamiento de su situación financiera y patrimonial, que detectó un “severo desequilibrio económico-financiero”, con un déficit promedio de 140%.

De acuerdo con la resolución oficial, ese déficit “comprometía la viabilidad operativa de CATAC, la prestación de servicios y el cumplimiento de su objeto social”.

Con las nuevas autoridades al frente, el Ministerio de Justicia remarcó que “no han efectuado presentación alguna tendiente a regularizar el incumplimiento existente”.

Ese incumplimiento comprende los estados contables de los ejercicios cerrados en 2012, 2014 y entre 2020 y 2025. El Ministerio tampoco advirtió medidas que reviertan dicha situación.  

Esto, “impide contar con información económica y patrimonial completa, actualizada y suficiente”, y dificulta la fiscalización de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Como interventor fue designado el abogado Gastón Gabriel Di Bella, quien tendrá facultades para representar a CATAC, administrar, defender judicial y extrajudicialmente el patrimonio de la asociación.

Además, evaluará la gestión de la Comisión Directiva desplazada y deberá presentar informes mensuales ante la Inspección General de Justicia sobre su gestión.